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El Gobierno amplía el plan de concesiones viales y habilita nuevos tramos de rutas nacionales
La cuarta etapa de la Red Federal de Concesiones incorpora nuevos sectores de la red vial al esquema de gestión privada. El Decreto 1358/2026 establece que las empresas concesionarias deberán financiar las obras y el mantenimiento, mientras que Vialidad Nacional conservará las funciones de supervisión y control.
El Gobierno nacional avanzó con una nueva etapa de su política de concesiones viales al habilitar la incorporación de nuevos tramos de rutas nacionales a la Red Federal de Concesiones. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1358/2026, publicado en el Boletín Oficial el 13 de noviembre, y amplía el alcance de un programa que comenzó a implementarse en 2025.
La decisión establece que determinados sectores de la Red Vial Nacional podrán ser entregados en concesión bajo el régimen de la Ley 17.520, que contempla la participación de empresas privadas en la construcción, explotación, administración, reparación, conservación y mantenimiento de infraestructura pública mediante el cobro de peajes.
El nuevo esquema no implica que todas las rutas mencionadas en el decreto pasen automáticamente a manos privadas. La normativa establece que el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, deberá determinar cuáles serán los tramos concretos que integrarán las futuras concesiones, tomando como referencia los informes técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad.
Una nueva etapa de un programa iniciado en 2025
La cuarta etapa se suma a un proceso de reorganización de la infraestructura vial que ya atravesó distintas instancias de licitación y adjudicación.
Según los datos difundidos por Vialidad Nacional, las etapas anteriores incorporaron más de 9.000 kilómetros al sistema de concesiones, correspondientes a corredores por los que circula aproximadamente el 80% del tránsito nacional.
Con la nueva disposición, el Ejecutivo busca extender ese modelo a otros sectores de la red, con el argumento de promover inversiones para recuperar caminos, mejorar las condiciones de circulación y sostener las tareas de mantenimiento.
El decreto incluye rutas nacionales que atraviesan distintas regiones del país. Sin embargo, aclara que la incorporación de una misma ruta en diferentes etapas no significa que se trate de los mismos sectores. Los tramos que ya cuentan con concesiones vigentes quedan excluidos de esta nueva incorporación.
Cómo funcionará el sistema de inversión privada
Uno de los aspectos centrales de la medida es el mecanismo de financiamiento previsto para las futuras concesiones.
De acuerdo con el esquema establecido por el Gobierno, las empresas adjudicatarias deberán afrontar las inversiones y los gastos correspondientes a las obligaciones asumidas en sus respectivos contratos. Esto comprende las tareas de conservación, mantenimiento, reparación y, cuando corresponda, ampliación de la infraestructura.
El sistema contempla que los concesionarios obtengan ingresos mediante el cobro de peajes y otras actividades complementarias previstas en el régimen legal.
La propuesta oficial apunta a trasladar al sector privado la responsabilidad de financiar y ejecutar las intervenciones comprometidas, sin que ello implique que el Estado abandone sus facultades sobre la infraestructura.
En este punto, la normativa mantiene una distinción importante: la gestión operativa podrá quedar en manos de empresas privadas, pero la supervisión de los contratos seguirá bajo responsabilidad de un organismo estatal.
Qué papel tendrá Vialidad Nacional
El decreto establece que la Dirección Nacional de Vialidad será la autoridad de aplicación de los contratos que se celebren bajo esta nueva etapa.
Entre sus responsabilidades estarán la supervisión de las obligaciones contractuales y el control de los niveles de servicio y las condiciones de transitabilidad exigidas.
Por su parte, el Ministerio de Economía, mediante la Secretaría de Transporte, tendrá a su cargo la organización de los procedimientos de selección, la aprobación de los pliegos, la convocatoria a licitaciones, la evaluación de las ofertas y la adjudicación de los contratos.
Esta distribución de funciones será determinante para el funcionamiento del sistema, especialmente en lo referido al cumplimiento de las inversiones comprometidas y a la calidad de los servicios que deberán recibir los usuarios.
Audiencias públicas antes de las licitaciones
Otro elemento previsto en la normativa es la realización de audiencias públicas antes de las convocatorias a licitación.
Estos encuentros permitirán que usuarios, autoridades provinciales y municipales y otros sectores interesados conozcan los corredores que serán concesionados y puedan presentar observaciones, consultas y propuestas.
Las fechas, modalidades y canales de participación deberán ser comunicados oportunamente por los organismos oficiales.
La instancia adquiere relevancia porque las futuras concesiones pueden tener consecuencias directas sobre la circulación, los costos de transporte y la actividad económica de las regiones involucradas.
Los plazos establecidos por el Gobierno
El Decreto 1358/2026 establece que las licitaciones públicas nacionales e internacionales deberán convocarse dentro de los doce meses posteriores a su entrada en vigencia.
La norma comenzó a regir el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial. A partir de ese momento, el Ministerio de Economía quedó facultado para avanzar con las disposiciones administrativas necesarias para implementar el nuevo esquema.
Esto significa que la publicación del decreto constituye una habilitación normativa para avanzar con las concesiones, pero no representa por sí misma la adjudicación de los nuevos corredores ni el inicio inmediato de obras o modificaciones en los peajes.
Para que el proceso se concrete deberán definirse los tramos, elaborarse los pliegos, realizarse las audiencias públicas y completarse los procedimientos de licitación correspondientes.
El desafío de mejorar la infraestructura vial
La ampliación de la Red Federal de Concesiones abre una nueva etapa en la discusión sobre el futuro de las rutas nacionales y el modelo de financiamiento de la infraestructura de transporte.
El Gobierno sostiene que la participación privada permitirá movilizar recursos para atender necesidades de mantenimiento y recuperación de caminos, mientras reduce la necesidad de aportes presupuestarios directos para el funcionamiento de las concesiones.
Sin embargo, el resultado del programa dependerá de aspectos que todavía deberán definirse en cada contrato: las inversiones exigidas, los plazos de ejecución, los estándares de conservación, las condiciones de los peajes y los mecanismos de fiscalización.
También será relevante el impacto que las tarifas puedan tener sobre los usuarios particulares y el transporte de cargas, un componente fundamental para la actividad productiva y la distribución de mercaderías.
Con el Decreto 1358/2026, el Ejecutivo amplió el marco legal para extender las concesiones a nuevos sectores de la red vial. La próxima instancia será transformar esa habilitación en licitaciones concretas y contratos que permitan evaluar, en la práctica, si el modelo logra mejorar la infraestructura y las condiciones de circulación en las rutas nacionales.
