Política
Monteoliva encabezó la primera reunión del Consejo de Seguridad Interior en Córdoba
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, junto a su par provincial, Juan Pablo Quinterios, encabezó la apertura de la primera reunión del Consejo de Seguridad Interior (CSI) en la ciudad de Córdoba, que reunió a equipos de la cartera nacional, ministros provinciales y representantes de las fuerzas de seguridad con el objetivo de unificar criterios, fortalecer la coordinación federal y avanzar en estrategias comunes contra el narcotráfico, el crimen organizado y el delito complejo en todo el país.
Durante el encuentro se presentó el Compromiso Federal de Seguridad, un acuerdo de trabajo conjunto entre Nación y provincias orientado a fortalecer la cooperación técnica y operativa en cuatro prioridades estratégicas: la reducción de los homicidios dolosos, la lucha contra el narcotráfico, el combate a la circulación ilegal de armas y una estrategia federal contra el ciberdelito.
La jornada incluyó exposiciones del Ministerio de Seguridad Nacional sobre herramientas legales para enfrentar el crimen organizado, avances en la lucha contra el narcotráfico y la situación del sistema penitenciario, así como la firma de convenios de cooperación entre la Nación y las provincias.
Entre los instrumentos presentados se destacó la adhesión al Consejo Federal de Delitos Económicos, un nuevo espacio de coordinación que funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Investigación Criminal y que permitirá fortalecer el abordaje integral de la criminalidad económica, construir un mapa nacional de delitos económicos y mejorar el intercambio de información entre jurisdicciones para detectar maniobras de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otras formas de criminalidad financiera vinculadas al crimen organizado.
Durante su discurso de apertura, la ministra Monteoliva destacó que la seguridad en la Argentina requiere una coordinación federal permanente, con intercambio de información, trabajo operativo conjunto y decisiones basadas en evidencia. “La seguridad no se puede gestionar en solitario. Requiere coordinación permanente entre las jurisdicciones y una mirada compartida sobre los problemas que enfrentamos. Nuestro objetivo es claro: cuidar a los argentinos de bien para que vivan seguros y en libertad”, afirmó.
Monteoliva también repasó algunos resultados alcanzados durante 2025, entre ellos más de 716.000 intervenciones de las fuerzas federales en todo el país, un incremento del 29 % respecto del año anterior, el aumento de controles de personas y vehículos, y un récord histórico de incautación de cocaína con más de 13 toneladas secuestradas, además de importantes decomisos de marihuana y drogas sintéticas.
Según explicó, estos resultados se reflejan también en los indicadores de violencia, ya que la Argentina registró en 2025 la tasa de homicidios más baja de su historia, con 3,7 cada 100.000 habitantes, consolidándose como uno de los países más seguros de la región.
La ministra destacó además los avances del Plan Bandera en Rosario, que logró una reducción del 57 % en los homicidios durante el primer bimestre de 2026, y los resultados del Plan 90/10, que concentra recursos del Estado en los territorios donde ocurre la mayor parte de los homicidios.
En el panel de experiencias provinciales, Córdoba presentó su estrategia de reducción de homicidios y la implementación del Plan 90/10, mientras que Mendoza expuso sus avances en el desarrollo de capacidades forenses, incluyendo el uso de datos genéticos y el laboratorio balístico provincial.
Monteoliva también se refirió a los ejes estratégicos de la política de seguridad para 2026, entre los que destacó el ordenamiento de la política migratoria, el fortalecimiento de la seguridad en zonas de frontera *y la *cooperación regional contra el crimen organizado.
En ese sentido, recordó que Argentina cuenta con más de 9.200 kilómetros de frontera terrestre, por lo que se avanzó en la incorporación de la Dirección Nacional de Migraciones al Ministerio de Seguridad y la creación de la Agencia de Seguridad Migratoria, con el objetivo de mejorar la coordinación con las fuerzas federales.
En ese marco, la ministra también se refirió al sistema penitenciario como un componente clave de la política de seguridad. Señaló que cortar el mando, el control y la comunicación de las organizaciones criminales desde las cárceles es una condición básica para reducir la violencia en las calles, ya que muchas estructuras delictivas continúan operando desde el interior de los establecimientos penitenciarios. “Un celular en manos de un preso puede convertirse en un arma”, advirtió. En ese sentido, destacó que avanzar en soluciones efectivas requiere decisiones firmes y coordinación con los servicios penitenciarios provinciales, así como el compromiso y los recursos de todas las jurisdicciones para enfrentar de manera conjunta el crimen organizado.
La ministra destacó además el trabajo conjunto en la Triple Frontera, donde Argentina, Brasil y Paraguay reforzaron la cooperación a través del Comando Tripartito, cuyos operativos conjuntos ya superan los 10.000 procedimientos, permitiendo desarticular numerosas organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, el contrabando y el lavado de activos.
En complemento con los operativos en el terreno, el Gobierno inauguró en 2024 en Puerto Iguazú el Centro Internacional de Análisis del Delito Complejo en la Triple Frontera, una estructura de inteligencia criminal destinada a centralizar información sobre organizaciones criminales transnacionales, anticipar movimientos delictivos y orientar decisiones operativas e investigaciones judiciales.
La agenda del encuentro incluyó también las intervenciones de los ministros de seguridad provinciales y la firma de distintos convenios de cooperación institucional.
La jornada finalizó con la firma del Acta de Compromiso Federal de Seguridad.
