Celulares robados: la Ciudad apunta al negocio detrás de los equipos sustraídos

El Gobierno porteño decidió poner el foco en un eslabón clave del delito que suele quedar después del robo: el destino de los teléfonos. Con una nueva batería de controles, la administración de Jorge Macri busca dificultar que los dispositivos sustraídos terminen en locales de reparación, venta de usados o en el mercado de repuestos.

La estrategia comenzará con una emergencia de 90 días para toda la actividad vinculada con celulares usados. Durante ese período, los organismos porteños tendrán facultades reforzadas para inspeccionar comercios, revisar documentación y exigir que cada equipo o componente pueda ser vinculado con una procedencia legítima.

La lógica del operativo es sencilla: si un teléfono no puede demostrar de dónde salió, podrá convertirse en motivo de una clausura.

“Se terminó la mafia de los celulares robados”, sostuvo Macri al anunciar las nuevas medidas. El jefe de Gobierno también apuntó contra quienes compran teléfonos sustraídos para desarmarlos y vender sus piezas, al considerar que esa actividad alimenta el circuito económico detrás de los robos.

Un mapa para concentrar los operativos

La ofensiva no será uniforme en todo el territorio porteño. El decreto establece la identificación de sectores considerados de mayor riesgo a partir de distintos indicadores, entre ellos denuncias, investigaciones, secuestros de equipos, infracciones y antecedentes de los establecimientos.

La primera etapa tendrá como escenario cuatro corredores urbanos: Retiro-Microcentro, Balvanera-Once, Liniers-Límite Oeste y Chacarita-Villa Crespo.

En esos sectores se aplicará una medida particularmente restrictiva: durante la emergencia no se permitirán nuevas habilitaciones para negocios dedicados a la reparación o comercialización de celulares usados. Tampoco podrán ampliarse determinados rubros o superficies ni concretarse transferencias de autorizaciones relacionadas con esas actividades.

La procedencia de cada pieza, bajo la lupa

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema será el control de la mercadería existente dentro de los comercios. Los inspectores podrán exigir comprobantes que permitan acreditar la adquisición legítima de teléfonos, repuestos y componentes.

La Agencia Gubernamental de Control trabajará junto con el Ministerio de Seguridad en operativos coordinados y podrá clausurar establecimientos que no logren justificar la procedencia de los productos.

El Gobierno porteño también avanzará con un registro de trazabilidad que buscará dejar asentado el recorrido comercial de los equipos. La intención es que el sistema permita identificar tanto a los locales como a las operaciones y dispositivos involucrados.

De esta manera, la administración porteña intenta atacar el problema desde un punto diferente: no solamente perseguir el robo, sino también reducir las posibilidades de que exista un mercado dispuesto a recibir y reciclar los teléfonos obtenidos ilegalmente.

La emergencia tendrá una duración inicial de tres meses, aunque el sistema de registro y seguimiento está pensado para continuar una vez finalizado ese período extraordinario.

Para el Gobierno porteño, el objetivo es generar un circuito comercial más controlado y hacer más difícil que un celular robado pueda reaparecer rápidamente en el mercado bajo la forma de un equipo usado, un teléfono reparado o un conjunto de repuestos.