Derechos Humanos: el Gobierno y la Comisión Internacional aprobaron un acuerdo por una detención ilegal

El Gobierno nacional aprobó este martes el Acuerdo de Cumplimiento de Recomendaciones celebrado el 9 de agosto de 2022 con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el cual el Estado argentino reconoce su responsabilidad en la violación a los derechos humanos sufrida por Diego Armando Pacheco, quien fue detenido de manera arbitraria en Chubut.

La aprobación del acuerdo y su publicación forma parte de las medidas reparatorias por la detención ilegal de Pacheco, que se originó tras una petición formulada en 2004 por Arnaldo Hugo Barone y Jorge Fabricio Benesperi, Defensor General y Secretario de la Defensoría General de Chubut, en su carácter de abogados defensores, indicó el Decreto 388/2023 publicado en el Boletín Oficial.

La norma lleva la firma del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Agustín Rossi; del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; y del canciller Santiago Cafiero.

“El 28 de junio de 2021 la CIDH aprobó el Informe de Admisibilidad y Fondo N° 138/21, en el que concluyó que el Estado Argentino era responsable por la violación del derecho a recurrir del fallo, del derecho a no ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios, del principio de legalidad y de su deber de adoptar medidas de protección especial a los adolescentes en conflicto con la ley penal” en perjuicio de Pacheco, según indica la norma en sus considerandos.

Por lo que el organismo interamericano recomendó al Estado Argentino “reparar integralmente las violaciones de derechos humanos tanto en el aspecto material como inmaterial”.

En línea con la habitual política de cooperación con los órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, se inició un proceso de diálogo entre las partes y se consensuó el texto del Acuerdo suscripto el 9 de agosto de 2022. Allí las partes convienen, entre otros aspectos, en constituir un Tribunal Arbitral “ad-hoc”, a efectos de que determine el monto de las reparaciones pecuniarias debidas al peticionario conforme a los derechos cuya violación ha sido declarada por la CIDH.

Con información de Télam.