El Ministerio de Justicia usa Inteligencia Artificial en beneficio de los profesionales del Derecho y la ciudadanía en general

Como parte del plan del presidente Javier Milei para catapultar al país como cuarto polo tecnológico mundial y mediante la resolución 149/24 del titular de la cartera Mariano Cúneo Libarona, se lanzó el Programa Nacional Integral de Inteligencia Artificial en la Justicia coordinado por el director del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ), Fernando Horowitz, para beneficiar a los profesionales del derecho y la ciudadanía en general.

Dependiente de la Secretaría de Justicia que encabeza Sebastián Amerio, esta iniciativa mejorará todavía más al servicio e información jurídica destinada a miembros del Poder Judicial, abogados; docentes; alumnos y toda la comunidad.

Este proyecto ministerial modernizará nuestro sistema jurídico sumándole mayor eficacia y transparencia sin perjudicar los derechos colectivos e individuales ya que se cumplen con el máximo respeto por el uso ético de datos.

Fruto de la labor mancomunada con la Junta Federal de Cortes –Jufejus-, universidades e instituciones de todo el país, se implementaron dos planes pilotos federales para analizar la incidencia de la IA generativa en la abogacía como en el Poder Judicial para automatizar procesos, primeros despachos, juicios previsionales, ejecuciones fiscales, beneficios de litigar sin gastos y regulación de honorarios.

Más de 4.500 funcionarios judiciales adhirieron al Plan Piloto de IA Generativa testeando herramientas como ChatGPT, Gemini y Copilot. Los resultados preliminares demostraron una mejora del 77% en tareas complejas mientras el rendimiento creció un 38% y 28% para labores de baja y mediana dificultad respectivamente. También se capacitó a 6.500 abogados de todo el país abarcando ambos extremos del arco generacional para que litiguen y asesoren con colaboración de IA en diferentes ramas del derecho.

La digitalización del sistema judicial reducirá los tiempos procesales y facilitará el acceso a la justicia, especialmente para los sectores más vulnerables. Precursoras a nivel nacional, Mendoza, San Juan y Buenos Aires redujeron significativamente el tiempo necesario para elaborar proveídos y resoluciones.