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AySA entra en una nueva etapa de su privatización: dos ofertas y un plan de inversión millonario
El Gobierno abrió las propuestas técnicas para seleccionar al operador estratégico de la empresa de agua y saneamiento. El proceso contempla la transferencia del 90% de las acciones estatales, inversiones obligatorias por $2,89 billones y metas de expansión para los próximos cinco años.
La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) ingresó el 15 de septiembre en una nueva fase con la apertura de las ofertas técnicas presentadas para seleccionar al futuro operador estratégico de la compañía.
El acto realizado por el Ministerio de Economía permitió conocer a los dos grupos que participan de la licitación: Rowing S.A., junto con Arcos, Transclor y PHX, y Roggio ROAS S.A., junto con empresas asociadas. Ahora comenzará el análisis de las propuestas por parte de la Comisión de Evaluación, de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego.
La apertura de los sobres no significa todavía que AySA haya sido adjudicada. El proceso deberá completar las etapas de evaluación previstas antes de determinar quién asumirá la operación.
Qué parte de AySA se busca transferir
La licitación contempla la venta de las acciones que pertenecen al Estado Nacional, que representan el 90% del capital social de AySA. El 10% restante continúa en manos de los trabajadores de la empresa mediante el Programa de Propiedad Participada.
La normativa que dio inicio al proceso establece, además, que deberá venderse al menos el 51% del paquete accionario estatal a un operador estratégico mediante licitación pública. El eventual remanente estatal deberá seguir el mecanismo previsto para su colocación en bolsas y mercados del país.
La convocatoria actual, formalizada mediante la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía, fue planteada como una licitación pública nacional e internacional de etapa múltiple para la venta de las acciones estatales.
El contrato fija inversiones para los primeros cinco años
Uno de los elementos centrales del proceso es el compromiso de inversión que deberá asumir el futuro operador.
El Plan de Acción 2027-2031 establece inversiones obligatorias por $2,89 billones, calculados a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. El Gobierno presentó ese programa como equivalente a más de US$2.000 millones durante los primeros cinco años, destinados al desarrollo de los sistemas de agua potable y cloacas.
El programa corresponde al primer ciclo tarifario, cuya duración prevista es de cinco años. Durante ese período, el contrato establece que el nivel tarifario vigente al momento de presentación del plan deberá mantenerse constante en términos reales, sin nuevos aumentos reales salvo las excepciones contempladas contractualmente.
Metas de cobertura para 2031
El esquema de concesión también establece objetivos concretos de expansión.
Para 2031, las metas fijadas son de 75,3% de cobertura de agua potable y 63,9% de cobertura de cloacas. A más largo plazo, el contrato establece como objetivos mínimos alcanzar el 90% en agua potable y el 75% en cloacas al finalizar el período inicial de 30 años.
De esta manera, la futura gestión no quedaría limitada a administrar la infraestructura existente. El contrato incorpora compromisos específicos relacionados con la ampliación de las redes y la prestación del servicio.
El Estado conservará funciones de control
Aunque la operación pase al sector privado, el esquema diseñado por el Gobierno mantiene mecanismos de regulación y supervisión pública.
El cumplimiento de las obligaciones de inversión será controlado anualmente por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS). Además, las inversiones realizadas por la concesionaria deberán contar con la certificación de un auditor técnico independiente. El contrato contempla sanciones frente a incumplimientos graves y reiterados.
La estructura prevista separa así la gestión empresarial de las tareas de regulación y fiscalización del servicio.
Un proceso que comenzó antes de la licitación
AySA fue incorporada al conjunto de empresas sujetas a privatización por la Ley 27.742. Posteriormente, el Decreto 494/2025 estableció el procedimiento para avanzar con la venta de la participación estatal y fijó el mecanismo mediante el cual se ofrecería al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico.
En mayo de 2026, el Ministerio de Economía autorizó formalmente la licitación para la venta de las acciones estatales. En agosto, una modificación del cronograma estableció el 15 de septiembre como fecha para la presentación de ofertas y la apertura de la primera etapa.
Con ese calendario cumplido, el expediente pasó ahora a la instancia de evaluación.
Qué viene ahora
La próxima etapa estará concentrada en el análisis de las propuestas presentadas por los dos oferentes. La Comisión de Evaluación deberá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la documentación licitatoria antes de que avance el procedimiento hacia las siguientes instancias.
El resultado definirá quién podrá asumir la operación de AySA y bajo qué condiciones se desarrollará el programa de inversiones previsto para el período 2027-2031.
Por el momento, el dato concreto es que dos ofertas quedaron formalmente incorporadas al proceso, mientras que el Estado mantiene abierto el procedimiento para definir al futuro operador. La privatización, por lo tanto, avanzó otro paso, pero todavía resta completar la evaluación y las etapas posteriores antes de que se concrete la transferencia.
