La Rioja lleva a la Justicia la pelea por los fondos viales y apunta contra el Gobierno nacional

La administración de Ricardo Quintela pidió ser querellante en una causa federal que investiga el destino de más de un billón de pesos vinculados al sistema vial. La presentación alcanza a Javier Milei, Luis Caputo y otros funcionarios.

La disputa entre La Rioja y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo en los tribunales. La provincia, bajo la conducción de Ricardo Quintela, decidió avanzar judicialmente por el destino de recursos destinados al sistema vial y solicitó intervenir como querellante en una causa federal que investiga el manejo de fondos por más de un billón de pesos.

La presentación fue realizada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 11 y tiene como eje al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), mecanismo relacionado con recursos destinados al financiamiento y mantenimiento de rutas. La provincia sostiene que la falta de aplicación de esos fondos tuvo consecuencias concretas sobre obras y corredores estratégicos para la región.

La acción judicial apunta contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios. La denuncia plantea que la Justicia determine si existieron irregularidades en la administración de los recursos y si las conductas denunciadas pueden constituir delitos contra la administración pública.

El dinero que quedó bajo la lupa

El expediente se concentra en el destino de fondos del SISVIAL. De acuerdo con la información difundida sobre la causa, se investiga qué ocurrió con recursos que superan el billón de pesos y que, según los cuestionamientos planteados, no habrían sido utilizados en su totalidad para las finalidades viales previstas.

La controversia tomó mayor dimensión a partir de declaraciones oficiales sobre el uso de esos recursos y de denuncias previas presentadas ante la Justicia. Una de ellas había sido impulsada por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, quien también cuestionó el manejo de los fondos vinculados al sistema vial.

Ahora, la Provincia busca tener participación activa en la investigación y aportar documentación que, según sostiene, permitiría determinar el impacto que tuvo la falta de ejecución de esos recursos.

Obras paralizadas y reclamo provincial

Para la administración riojana, el problema no se reduce a una discusión contable. El argumento central es que la disponibilidad de recursos sin una ejecución equivalente terminó repercutiendo sobre obras consideradas fundamentales para la conectividad de la provincia.

Entre los proyectos mencionados aparece el Corredor Bioceánico que conecta La Rioja con Chile a través de Chilecito y Pircas Negras. La obra es considerada estratégica por su potencial para mejorar la integración comercial y territorial con el país vecino.

El deterioro y la falta de mantenimiento de rutas agregan otro elemento al reclamo. La Provincia sostiene que la discusión sobre el destino del dinero debe analizarse junto con las consecuencias que tuvo la interrupción o demora de distintas obras.

Una nueva disputa entre Nación y las provincias

La presentación judicial se produce en medio de una relación conflictiva entre Quintela y la Casa Rosada. El gobernador riojano se ha ubicado entre los mandatarios provinciales más críticos de la administración de Milei, mientras la discusión por los recursos nacionales forma parte de una disputa más amplia entre el Gobierno central y distintos distritos.

En el caso de La Rioja, además del conflicto por los fondos viales, permanece abierta una controversia por recursos provinciales que la administración de Quintela considera retenidos de manera indebida por Nación.

El nuevo expediente suma así una dimensión judicial a una pelea que hasta ahora se había desarrollado principalmente en el terreno político.

La Justicia deberá determinar responsabilidades

La presentación de La Rioja no implica que las irregularidades denunciadas hayan sido comprobadas. Será la investigación judicial la que deberá establecer cómo fueron administrados los fondos, cuál fue su destino y si existieron conductas que puedan configurar los delitos señalados.

La provincia, mientras tanto, busca intervenir directamente en el proceso y aportar elementos que permitan sostener su acusación.

El caso vuelve a colocar en el centro de la discusión la relación financiera entre Nación y las provincias y abre un interrogante sobre el destino de recursos específicos destinados a infraestructura. El monto involucrado y el impacto sobre obras viales convierten a la causa en un nuevo frente de conflicto entre la administración de Quintela y el Gobierno de Milei.

Ahora será la Justicia la que deberá reconstruir el recorrido de esos fondos y determinar si detrás de la paralización de las obras hubo una decisión administrativa dentro de las facultades del Ejecutivo o, como sostiene la denuncia, un manejo irregular de recursos públicos.