Diputados: La comisión de Relaciones Exteriores y Culto firmó dictámenes a una serie de proyectos

Los diputados dieron el aval a dos proyectos de ley del Poder Ejecutivo. Uno, con fecha 18 de julio de 2024, tendiente a aprobar el Tratado de Extradición entre la República Argentina y la República de Chile, suscripto en la ciudad de Santiago, República de Chile, el 5 de diciembre de 2023; y, el otro, de fecha 18 de julio de 2024, por el cual se aprueba el Tratado Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales y el Reglamento de Financiación del Tratado Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes.

Luego, firmaron dictámenes a dos proyectos de ley provenientes del Senado. El cual se aprueba el Convenio Internacional de Nairobi sobre la remoción de restos de naufragio, 2007, celebrado en la ciudad de Nairobi, Republica de Kenia, el 18 de mayo de 2007. Y el que concede autorización para desempeñar cargos de cónsules y vicecónsules honorarios, propuestos por gobiernos extranjeros.

También, las normas que apuntan a declarar de interés de la Cámara de Diputados, tales como la “fiesta de la navidad gaucha”, a realizarse del 6 al 8 de diciembre de 2024 en la ciudad de Oliva, provincia de Córdoba; y el 100 aniversario de la creación de la Embajada del Estado de Italia.

Además, los proyectos de declaración para expresar beneplácito por la conmemoración del 40° aniversario de la firma del Tratado de Paz y amistad entre Argentina y Chile suscripto el 29 de noviembre de 1984; y por la decisión del Papa Francisco de trasladar a Santiago Del Estero la “Sede Primada” de la Iglesia Católica en la República Argentina, y otras cuestiones conexas.

La diputada Roxana Monzón (UxP) habló acerca de su proyecto sobre la decisión del Papa Francisco. “La decisión de Francisco no es una decisión eclesiástica desde la burocracia, sino que representa diferentes ideas”, afirmó, para luego profundizar que “es un acto de reparación histórica, es un gran guiño al federalismo, al mirar a la argentina profunda, tener una concepción del territorio integrado, atender las necesidades desde la periferia al centro y que nos invita a la unidad de los argentino e integración de la Patria”.

Asimismo, las iniciativas para expresar repudio: por el comunicado de la cancillería de la república bolivariana de Venezuela descalificando al presidente de la nación, Javier Milei; y, luego de unificar tres proyectos, el que refiere a expresar pesar y repudio permanente por el atentado perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Luego de unificar cuatro iniciativas, el que expresa repudio a las amenazas hacia el gobierno argentino proferidas por las autoridades del régimen iraní. Y un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la transitabilidad del paso fronterizo Pino Hachado situado en la provincia del Neuquén.

También tras la unificación de cuatro proyectos, se avaló la norma para expresar repudio por las acciones de censura del régimen de Nicolás Maduro contra diversos medios de comunicación opositores en la República Bolivariana de Venezuela. Karina Banfi (UCR) hizo mención a la situación en Venezuela a partir de “distintas instancias de persecución y de violación a los derechos humanos después de las elecciones en dicho país”, el 28 de julio de este año.

Durante la reunión, se firmó el dictamen al proyecto de declaración que apunta a que el Poder Ejecutivo disponga que la República Argentina adhiera en calidad de miembro asociado al “Registro de daños para Ucrania”, establecido por el “Consejo de Europa” en mayo de 2023. Damián Arabia, del PRO, como autor del texto, aclaró que “la adhesión a este registro, que ya cuenta con 43 adhesiones, no requiere ni implica ninguna erogación presupuestaria del estado argentino”. “La búsqueda del registro es documentar y recopilar los reclamos de los daños que se sucedieran posterior al 24 de febrero del 2022 en el territorio ucraniano y relacionados por la agresión rusa”, fundamentó.

Otros temas que se avalaron fueron el que expresa preocupación por la situación del ciudadano argentino Víctor Saldaño, condenado a muerte en dos oportunidades por la justicia de Estados Unidos de América y otras cuestiones conexas; y el que busca acompañar lo expresado por la Cancillería Argentina en la Sesión del Grupo de Expertos en Tecnologías emergentes sobre el marco regulatorio vinculado a las LAWS.