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El Gobierno busca atraer inversiones con nuevas licitaciones y reglas más previsibles
El Gobierno nacional busca que la próxima etapa de su programa económico tenga un protagonista central: la inversión privada. En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo este miércoles que la estabilidad de las reglas y el respeto por los contratos y la propiedad privada son condiciones indispensables para que las empresas vuelvan a tomar decisiones de largo plazo en la Argentina.
El planteo fue realizado durante la Cumbre Internacional “Vientos de Cambio”, donde el funcionario presentó su visión sobre la transformación económica que atraviesa el país y vinculó la previsibilidad institucional con las posibilidades de crecimiento.
Para Caputo, uno de los principales cambios introducidos por la actual administración consiste en haber colocado el cumplimiento de los contratos y la propiedad privada como principios que el Estado debe garantizar. El ministro consideró que esa decisión permite construir un escenario diferente al de etapas anteriores y generar mayores incentivos para producir e invertir.
Un ambicioso plan para las rutas nacionales
La exposición del ministro incluyó además un anuncio concreto en materia de infraestructura. El Gobierno prevé licitar 12.000 kilómetros de rutas nacionales, además de avanzar con la transferencia de determinados corredores a las provincias.
La primera tanda comprenderá unos 6.000 kilómetros y, según anticipó Caputo, el proceso comenzará próximamente. La iniciativa busca incorporar capital privado al desarrollo y mantenimiento de la infraestructura vial y, al mismo tiempo, generar actividad económica y empleo.
El titular de Economía adelantó además que la Nación propondrá un esquema destinado a reducir la carga impositiva asociada a estos proyectos, con la intención de que las obras resulten más atractivas para los inversores. La propuesta contempla la eliminación de impuestos nacionales, provinciales y municipales en el marco de estas iniciativas.
La estrategia representa un cambio en el papel que el Gobierno pretende asignarle al Estado en materia de infraestructura: menos participación directa en la ejecución y una mayor función de promoción y regulación de proyectos desarrollados por privados.
El Gobierno rechaza los subsidios dirigidos a empresas
Otro de los puntos abordados por Caputo fue el vínculo entre el Estado y el sector empresario. El ministro cuestionó los mecanismos mediante los cuales los recursos públicos terminan beneficiando a determinadas compañías o actividades y sostuvo que la alternativa debe pasar por generar condiciones para que las empresas compitan.
Desde su perspectiva, una economía más abierta y con menos regulaciones permitiría que los consumidores accedan a una mayor variedad de productos y mejores precios, al tiempo que las empresas tendrían incentivos para mejorar su productividad.
La posición forma parte de una línea que el Gobierno viene planteando desde el inicio de la gestión: reducir regulaciones, disminuir impuestos y promover inversiones como herramientas para modificar el funcionamiento de la economía.
Caputo defendió el esquema de estabilización
El ministro también dedicó parte de su exposición a la evolución de los principales indicadores macroeconómicos. En particular, defendió la estrategia fiscal y monetaria aplicada por el Gobierno y sostuvo que la reducción de la inflación debe continuar mediante la preservación de la disciplina económica.
Según Caputo, el proceso de desinflación argentino presenta resultados que permiten proyectar una convergencia hacia niveles de inflación internacionales si se mantiene la actual orientación.
El funcionario también destacó el desempeño del comercio exterior y afirmó que la mejora de la balanza comercial no estaría explicada únicamente por el tipo de cambio, sino por una mayor competitividad de distintos sectores de la economía.
Expectativa por las grandes inversiones
En su análisis, Caputo otorgó un lugar destacado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). De acuerdo con los datos que presentó, ya fueron aprobados proyectos por alrededor de US$50.000 millones, mientras que existen iniciativas adicionales por unos US$150.000 millones en proceso de evaluación.
El ministro utilizó estas cifras para ilustrar la magnitud de las inversiones que podrían concretarse durante los próximos años y sostuvo que el país atraviesa una etapa de oportunidades particularmente relevante en sectores vinculados con la energía, la minería y la infraestructura.
La apuesta oficial consiste en que la llegada de capitales permita ampliar la capacidad productiva, incrementar las exportaciones y generar nuevos puestos de trabajo.
Una definición que excede la coyuntura
El mensaje de Caputo estuvo atravesado por una idea que el Gobierno viene repitiendo como uno de los fundamentos de su programa: las reglas económicas deben tener estabilidad suficiente para que las decisiones de inversión no dependan de los cambios políticos de corto plazo.
En ese sentido, el ministro planteó que el respeto por la propiedad privada, los contratos y las instituciones debe funcionar como una garantía para quienes destinan capital a proyectos productivos.
La administración de Milei busca así consolidar un modelo en el que el sector privado tenga un papel cada vez mayor en la generación de infraestructura, empleo e inversiones. El desafío, en adelante, será convertir los anuncios y los proyectos en obras, producción y actividad económica efectiva.
Con el plan de concesiones viales y el volumen de inversiones que el Gobierno afirma tener en cartera, Economía apuesta a que la próxima fase del programa no esté definida únicamente por la estabilización macroeconómica, sino también por una expansión sostenida de la inversión privada y de la capacidad productiva del país.
