Presupuesto 2027: el financiamiento de las políticas de género quedó bajo la lupa en el Congreso

La Comisión de Mujeres y Diversidad recibió a especialistas y representantes de organizaciones para examinar los recursos previstos para 2027. La continuidad de programas de asistencia, prevención de la violencia y educación sexual concentró buena parte de las intervenciones.

La distribución de los recursos públicos y su incidencia sobre las políticas de protección de derechos fueron el eje de una reunión realizada el martes 3 de noviembre en la Cámara de Diputados de la Nación. Allí, la Comisión de Mujeres y Diversidad abrió un espacio de análisis sobre las previsiones del proyecto de Presupuesto 2027 relacionadas con mujeres y diversidades.

El encuentro, encabezado por la diputada Gabriela Estévez, reunió a economistas, profesionales, investigadoras y representantes de organizaciones sociales que expusieron sus observaciones sobre las asignaciones destinadas a diferentes programas nacionales.

Uno de los aspectos centrales del debate fue determinar qué capacidad de respuesta tendrán las políticas públicas frente a situaciones de violencia de género, necesidades de asistencia social y demandas vinculadas con la salud sexual y reproductiva. Los participantes también pusieron el foco en la disponibilidad de información para conocer cuánto dinero se asigna efectivamente a cada iniciativa y cuál es su nivel de ejecución.

Programas de asistencia y prevención, entre las principales preocupaciones

Durante las exposiciones, integrantes del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Félix Samoilovich y Agustina Rossi, presentaron datos sobre la evolución de los recursos destinados a políticas de prevención y atención de las violencias.

Según lo informado por la Cámara de Diputados sobre sus intervenciones, el Programa Acompañar registraría una reducción del 90% y la Línea 144 habría perdido dos tercios de su presupuesto. También se señaló una disminución del 87% en los recursos previstos para políticas de prevención de las violencias.

Estas observaciones pusieron nuevamente en discusión el funcionamiento de los mecanismos estatales de acompañamiento. El Programa Acompañar fue creado para brindar asistencia económica y acompañamiento a personas en situación de violencia de género, mientras que la Línea 144 constituye un canal de orientación y atención para quienes necesitan información o asistencia ante estas situaciones.

La Educación Sexual Integral también ocupó un lugar relevante. Durante la reunión se cuestionó la disponibilidad de fondos para sostener las acciones previstas en este ámbito. En particular, Félix Samoilovich señaló que durante 2026 no se habían registrado recursos ejecutados en esa política, de acuerdo con los datos presentados ante la comisión.

Otro de los temas abordados fue el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, cuya continuidad y financiamiento también fueron objeto de observaciones.

La situación económica de las mujeres y el acceso a servicios

El análisis no se limitó a los programas identificados específicamente con políticas de género. También se incorporaron cuestiones relacionadas con los ingresos, el endeudamiento y las condiciones de acceso a servicios esenciales.

La economista Delfina Rossi planteó la necesidad de considerar las dificultades económicas que enfrentan las mujeres jubiladas y el peso de los gastos de medicamentos y transporte sobre sus ingresos.

Su intervención puso de relieve la importancia de evaluar el impacto de las decisiones presupuestarias sobre las condiciones materiales de vida, especialmente entre quienes dependen de prestaciones sociales o jubilatorias.

La discusión también contempló las desigualdades que afectan a las mujeres que desarrollan actividades en ámbitos rurales. Patricia Ester Gorza, integrante de Mujeres de la Ruralidad Argentina, hizo referencia a la discontinuidad de iniciativas orientadas a fortalecer su autonomía económica.

Entre los ejemplos mencionados estuvo el programa Plan en Nuestras Manos, una herramienta destinada a acompañar proyectos productivos de mujeres rurales y reducir las brechas de género en ese sector.

Organizaciones sociales plantearon dificultades para sostener la asistencia

La participación de representantes de organizaciones que trabajan directamente con personas en situación de vulnerabilidad permitió incorporar al debate las dificultades operativas que pueden surgir cuando disminuyen los recursos disponibles.

Agostina Fiorella Zuccarino, presidenta de la Fundación Misionera GAIA, expuso sobre la experiencia de acompañamiento a víctimas de violencia en su provincia y sostuvo que las administraciones provinciales no cuentan necesariamente con capacidad financiera suficiente para reemplazar las prestaciones que corresponden al Estado nacional.

La cuestión también abrió interrogantes sobre la distribución de responsabilidades entre las distintas jurisdicciones y la necesidad de garantizar mecanismos de coordinación para evitar interrupciones en la atención.

Durante la jornada participaron, además, Mercedes D’Alessandro, Lucía Ortega, Andrea D’Atri, Mirna Silva, Josefina Kelly, Karen Navarro Martínez, Flavia Massenzio, Lucía Ángela Caballero y Erica Porris Castellani, entre otras referentes.

Una discusión que excede las partidas específicas

El encuentro también incorporó una referencia a la agresión sufrida por mujeres travestis y trans en el barrio porteño de Palermo. El diputado Esteban Paulón expresó su condena al episodio y manifestó su preocupación por las expresiones de odio que pueden derivar en hechos de violencia.

La inclusión de este tema amplió el alcance de la reunión hacia las condiciones de protección y garantía de derechos de las diversidades.

Desde una perspectiva presupuestaria, el debate planteó una cuestión central: la diferencia entre anunciar políticas públicas, asignarles recursos y garantizar que esos fondos se traduzcan en servicios concretos para la población.

El análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el proyecto 2027 ofrece un marco adicional para comprender las prioridades generales del gasto. Entre sus previsiones, el organismo señaló un incremento real del 6,4% en las prestaciones sociales, aunque con comportamientos diferentes según el programa. La Prestación Alimentar, por ejemplo, presenta una disminución real proyectada del 10,5%, mientras que la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo muestran un aumento real del 0,7%.

Estos indicadores corresponden al conjunto de las prestaciones mencionadas y no deben confundirse con las partidas específicas de prevención de las violencias o atención de mujeres y diversidades.

El tratamiento legislativo y el seguimiento de los recursos

Las exposiciones realizadas en la Comisión de Mujeres y Diversidad dejaron planteadas distintas observaciones sobre la planificación financiera de las políticas públicas para el próximo ejercicio.

El desafío del tratamiento presupuestario será examinar las asignaciones propuestas, su distribución entre organismos y la posibilidad de verificar posteriormente su ejecución. Este seguimiento resulta especialmente relevante para los programas cuya continuidad fue cuestionada durante la reunión.

La discusión también puso de manifiesto que evaluar una política pública requiere considerar más que su denominación o el monto inicialmente anunciado: es necesario conocer los recursos efectivamente utilizados, los servicios prestados y la población alcanzada.

Con el debate del Presupuesto 2027 en el ámbito parlamentario, las partidas destinadas a mujeres y diversidades quedaron incorporadas a una discusión más amplia sobre las prioridades del gasto nacional y la capacidad del Estado para sostener sus programas de asistencia, prevención y protección de derechos.