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Una investigación federal golpeó una presunta red de maniobras financieras y aduaneras en cinco provincias
La denominada “Operación Triángulo” terminó con 47 allanamientos simultáneos en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Salta y Misiones. La investigación apunta a una estructura vinculada con triangulación de facturaciones, operaciones de comercio exterior, evasión aduanera e ingreso irregular de divisas. Se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación, tokens bancarios y armas.
Una investigación federal que comenzó a partir del seguimiento de operaciones económicas derivó en un amplio operativo desplegado en cinco provincias. Gendarmería Nacional llevó adelante 47 allanamientos como parte de la denominada “Operación Triángulo”, una pesquisa que puso bajo análisis una presunta estructura dedicada a maniobras relacionadas con facturación, comercio exterior y movimientos financieros.
Los procedimientos fueron realizados por efectivos especializados en delitos económicos de Gendarmería, con participación de personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGA) y unidades de distintas regiones de la fuerza.
Un operativo que atravesó cinco jurisdicciones
Las órdenes judiciales se ejecutaron de manera simultánea en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Salta y Misiones. Los allanamientos alcanzaron domicilios particulares, empresas vinculadas con la exportación de granos y oficinas de despachantes de aduana.
La amplitud territorial del procedimiento responde al alcance de la investigación, que, según informó Gendarmería, permitió detectar una compleja operatoria que habría combinado distintos mecanismos vinculados con el comercio exterior y el movimiento de fondos.
Entre las conductas investigadas figuran la triangulación de facturaciones, delitos contra el comercio exterior, evasión aduanera e ingreso irregular de divisas.
La evidencia quedó bajo análisis judicial
Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron una importante cantidad de dispositivos y documentación que podría aportar información sobre las operaciones investigadas.
El listado oficial incluye 59 teléfonos celulares, 35 computadoras portátiles, 28 CPU, discos rígidos externos y dispositivos de almacenamiento DVR, además de tokens bancarios y documentación contable y societaria.
También fueron incautadas armas de fuego. El valor preliminar de todos los elementos secuestrados fue estimado por la fuerza en más de 55 millones de pesos.
La información almacenada en los dispositivos y la documentación obtenida serán ahora objeto de análisis para determinar el funcionamiento de las operaciones bajo investigación y establecer qué personas o sociedades podrían haber intervenido.
El comercio exterior como punto de conexión
Uno de los aspectos centrales del expediente es la presunta utilización de mecanismos vinculados con operaciones de comercio exterior.
La presencia de empresas exportadoras de granos y despachantes de aduana entre los lugares allanados llevó a que la investigación incorporara una dimensión específicamente aduanera. Por ese motivo, el operativo contó con la intervención de especialistas de ARCA-DGA.
La hipótesis investigativa apunta a determinar si las operaciones comerciales y las transferencias de dinero formaban parte de una estructura coordinada para concretar maniobras de evasión y canalización irregular de divisas.
La causa continúa abierta
Los 47 allanamientos constituyen una etapa operativa de una investigación que continúa bajo la órbita de la Justicia Federal.
La causa está radicada en el Juzgado Federal N.º 3 de Mendoza, Secretaría Penal “D”, que dispuso la continuidad de las diligencias procesales vinculadas con presuntas infracciones al Código Aduanero y lavado de activos.
Por el momento, la información oficial difundida no implica una condena ni determina responsabilidades penales definitivas. Los elementos secuestrados deberán ser analizados y será la Justicia la que establezca, durante el proceso, si existieron delitos y quiénes fueron eventualmente responsables.
La próxima etapa: reconstruir el circuito financiero
Concluida la fase de allanamientos, la investigación entra ahora en una etapa de análisis de la evidencia. Los dispositivos electrónicos, registros contables, documentación societaria y elementos bancarios secuestrados podrían permitir reconstruir el circuito de las operaciones bajo sospecha.
El objetivo será determinar cómo se relacionaban las distintas empresas y personas involucradas, qué movimientos de fondos se realizaron y si existió una estructura organizada detrás de las maniobras investigadas.
La “Operación Triángulo” deja así abierto un expediente de alcance federal que combina tres áreas particularmente sensibles para el control estatal: comercio exterior, operaciones financieras y cumplimiento de las obligaciones aduaneras.
El avance de las pericias y las próximas decisiones del juzgado serán determinantes para establecer el verdadero alcance de la red investigada y si las sospechas reunidas durante la pesquisa pueden transformarse en imputaciones concretas.
