Política
AySA propone cambios tarifarios para millones de usuarios y la Provincia cuestiona el impacto sobre los hogares
La modificación de los coeficientes zonales llegó a una audiencia pública convocada por el ERAS. Gabriel Katopodis rechazó la iniciativa y denunció la paralización de obras sanitarias, mientras el expediente regulatorio detalla los cambios que podrían incidir en las facturas.
La actualización de las tarifas de agua y cloacas volvió a abrir una disputa entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense. El lunes 26 de octubre de 2026, el ministro provincial de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, participó de la audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) para analizar una propuesta de AySA que modifica los coeficientes zonales utilizados para determinar parte del costo del servicio.
El funcionario cuestionó el esquema impulsado por la empresa y vinculó la discusión tarifaria con el estado de las obras de infraestructura. En declaraciones difundidas por el Ministerio bonaerense, acusó al Gobierno nacional de beneficiar a grupos económicos y sostuvo que los usuarios terminarían afrontando mayores costos sin una expansión equivalente de las redes de agua potable y desagües cloacales.
Las acusaciones forman parte de la posición política expresada por Katopodis. Por su parte, la documentación regulatoria permite identificar qué cambios se sometieron a consideración pública y cuál es el procedimiento previsto antes de una resolución definitiva.
Qué modificación está en discusión
La propuesta de AySA contempla actualizar los coeficientes zonales y sus áreas de aplicación, además de ajustar el precio por metro cúbico del servicio de cloacas en el denominado radio antiguo de la Ciudad de Buenos Aires. Estos parámetros intervienen en la estructura tarifaria y pueden producir variaciones diferentes según las características de cada usuario.
Según los números publicados por el Gobierno bonaerense, el cambio alcanzaría al 60% de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano, con una suba promedio estimada del 22,6%. La Provincia indicó que, para cerca de dos millones de hogares, la factura mensual pasaría de $29.116 a $35.710, a valores de septiembre de 2026, antes de impuestos y sin contemplar las actualizaciones posteriores por inflación.
Esas cifras corresponden a la estimación difundida por la administración provincial. El impacto final para cada usuario dependerá de la aplicación de los parámetros tarifarios y de las condiciones particulares de su cuenta.
La Resolución 41/2026 del ERAS señala que AySA presentó una propuesta revisada luego de que el organismo solicitara aclaraciones y correcciones. El documento contempla una implementación diferenciada: en los casos alcanzados, los incrementos mensuales de los cargos vinculados con los coeficientes se aplicarían gradualmente, con un límite acumulativo del 5% mensual hasta converger al valor final. También se prevén cambios en los descuentos para determinados usuarios.
La controversia por las inversiones
Katopodis centró parte de su intervención en la evolución de las tarifas y la inversión en infraestructura sanitaria. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Infraestructura bonaerense, los valores nominales de las tarifas de AySA aumentaron un 555% en los últimos tres años, mientras que la inversión en obras de agua y saneamiento habría caído un 75% en términos reales.
El ministro también señaló que la empresa había finalizado 1.307 obras entre 2019 y 2023. Según la misma fuente provincial, en diciembre de 2023 había 273 proyectos en ejecución y, para mayo de 2026, ninguno registraba avance físico.
La administración bonaerense utiliza esos datos para sostener que el incremento de los cargos no estaría acompañado por una recuperación suficiente de la obra pública. Para evaluar esa afirmación de manera integral, es necesario contrastar las cifras con los registros de ejecución presupuestaria, los informes de avance de cada proyecto y las series de inversión correspondientes a AySA.
Agua y cloacas: el desafío de la cobertura
El reclamo provincial también apunta a la cantidad de personas que todavía no cuentan con conexión a las redes sanitarias. En su publicación, el Gobierno bonaerense estimó que 3,7 millones de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires no tienen acceso al agua de red y que 5,5 millones carecen de conexión cloacal.
La falta de cobertura constituye un desafío de infraestructura que excede el valor mensual de las facturas. La ampliación de las redes requiere planificación, financiamiento y ejecución de obras, además de mecanismos que permitan sostener la prestación y el mantenimiento del sistema existente.
La controversia plantea así dos cuestiones relacionadas, pero diferentes: cómo se distribuye el costo del servicio entre los usuarios y qué inversiones se realizarán para extender la cobertura.
Qué establece la audiencia pública
La convocatoria del ERAS se formalizó mediante la Resolución 41/2026, publicada en el Boletín Oficial el 1 de octubre. La audiencia tuvo como objetivo recibir opiniones, observaciones y propuestas sobre el esquema presentado por AySA.
El procedimiento no implica una aprobación automática de los cambios. La resolución establece que la autoridad regulatoria debe fundamentar su decisión final y explicar cómo consideró las opiniones recibidas, incluso cuando decida no incorporarlas. Las observaciones tienen carácter no vinculante, pero deben ser consideradas en la resolución.
Por lo tanto, la audiencia constituye una instancia de participación dentro del proceso regulatorio; la definición sobre la propuesta corresponde a la autoridad competente.
Una decisión con efecto directo en las facturas
El resultado del procedimiento tendrá consecuencias concretas para los usuarios de AySA, aunque la variación no necesariamente será igual para todos. La actualización de los coeficientes puede modificar la distribución de los cargos entre zonas y categorías, mientras que el debate sobre las obras remite a la capacidad de la empresa para sostener y ampliar la infraestructura.
Katopodis expresó el rechazo de la Provincia y cuestionó las prioridades del Gobierno nacional. El expediente del ERAS, por su parte, establece el marco formal para examinar la propuesta. La resolución que se adopte permitirá conocer qué modificaciones se autorizan, bajo qué condiciones y con qué fundamentos.
