Argentina y Estados Unidos firmaron un pacto de cinco años para combatir la trata infantil

El acuerdo contempla acciones de prevención, protección integral de las víctimas e investigación penal. La iniciativa busca fortalecer la cooperación bilateral y mejorar la coordinación entre organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.

Argentina y Estados Unidos acordaron profundizar la cooperación para combatir la trata de menores mediante un programa de trabajo de cinco años que incluye prevención, asistencia a las víctimas y fortalecimiento de las investigaciones judiciales.

El entendimiento fue formalizado el jueves 22 de octubre de 2026 en el Salón Verde del Palacio San Martín. El ministro de Justicia argentino, Juan Bautista Mahiques, y el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, suscribieron el denominado Pacto para la Protección de la Infancia, según informó el Gobierno nacional.

La firma se inscribe en una agenda de cooperación bilateral orientada a mejorar las herramientas institucionales para enfrentar un delito que puede involucrar redes de captación, traslado y explotación de personas, incluso a través de distintos territorios y jurisdicciones.

Cuatro ejes para coordinar las acciones

El acuerdo establece cuatro áreas de trabajo: prevención de la trata infantil, protección y asistencia integral de las víctimas, fortalecimiento de la investigación y persecución penal, y coordinación entre los distintos niveles de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil.

La propuesta plantea un abordaje que no se limita a la intervención judicial. También incorpora la necesidad de mejorar los mecanismos de detección, garantizar la atención a las personas afectadas y articular las respuestas de las instituciones que participan en la prevención y el combate del delito.

En ese marco, la Oficina para Monitorear y Combatir la Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos, conocida como Oficina TIP, brindará apoyo a los esfuerzos argentinos para fortalecer las políticas de prevención, los mecanismos de protección y las capacidades institucionales.

Seguimiento durante cinco años

El plan contempla mecanismos de seguimiento y evaluación periódica. Según el comunicado oficial, las partes prevén realizar reuniones anuales para revisar los avances, identificar dificultades y promover la continuidad de las medidas implementadas.

El Ministerio de Justicia tendrá un papel central en la articulación con los organismos públicos y las organizaciones involucradas, así como en el seguimiento de los resultados.

La duración prevista del programa permite establecer una agenda de trabajo sostenida. Sin embargo, su impacto dependerá de la implementación efectiva de las acciones, la coordinación entre las instituciones y la capacidad de traducir los compromisos en herramientas concretas de prevención, asistencia e investigación.

El contexto de la política argentina contra la trata

Argentina cuenta con un marco legal específico para prevenir y sancionar la trata de personas y asistir a sus víctimas. La Ley 26.364, modificada por la Ley 26.842, establece disposiciones para la persecución de este delito y reconoce derechos vinculados con la protección, la atención médica y psicológica, la asistencia jurídica y la reinserción social de las personas afectadas.

Además, el Estado nacional desarrolla un Plan Nacional contra la Trata y la Explotación de Personas 2024-2026, que contempla medidas de prevención, asistencia, persecución penal, articulación institucional e innovación tecnológica.

La cooperación internacional puede complementar estas herramientas, especialmente cuando las investigaciones requieren intercambio de información, coordinación entre autoridades y capacidades especializadas. No obstante, el alcance concreto de esa cooperación deberá evaluarse a partir de las medidas que se implementen en el marco del nuevo pacto.

Una agenda que deberá medirse por sus resultados

La firma del acuerdo representa un nuevo compromiso bilateral frente a la trata infantil. El desafío será determinar cómo se traducen sus cuatro ejes de trabajo en acciones verificables, qué avances se alcanzan durante los cinco años previstos y de qué manera se garantiza una protección efectiva de los derechos de las víctimas.

Las reuniones de seguimiento anunciadas y la evaluación periódica serán instancias relevantes para conocer el cumplimiento de los objetivos y detectar las necesidades que surjan durante la implementación.