Malvinas: el cruce entre Argentina y Reino Unido suma una nueva disputa por los negocios y los hidrocarburos

La publicación de una guía británica para empresas que desarrollan actividades en las islas provocó una respuesta formal de la Cancillería argentina. El Gobierno también informó nuevas actuaciones contra compañías vinculadas con proyectos hidrocarburíferos en la zona.

La disputa por las Islas Malvinas volvió a trasladarse al terreno comercial y energético. El 15 de septiembre de 2026, el Gobierno británico publicó una guía destinada a empresas y particulares que desarrollan actividades económicas en las islas o que les suministran bienes y servicios. Horas después, la Cancillería argentina expresó su rechazo al documento y anunció nuevas acciones vinculadas con actividades hidrocarburíferas que considera no autorizadas.

El documento británico, denominado Doing business with the Falkland Islands, está dirigido a compañías que operan de manera directa o indirecta en la economía de las islas. Entre las actividades contempladas aparecen el suministro de bienes y servicios y el desarrollo de recursos naturales, incluidos los hidrocarburos.

La publicación volvió a poner en primer plano una diferencia que excede el reclamo territorial: ambos gobiernos sostienen posiciones jurídicas contrapuestas respecto de la jurisdicción sobre las islas y las actividades económicas que se desarrollan en ellas.

La respuesta de la Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino cuestionó el contenido de la guía y sostuvo que las actividades comerciales e hidrocarburíferas promovidas por el Reino Unido se desarrollan en territorios y espacios marítimos que Argentina considera propios.

La reacción oficial se produjo además en un contexto de nuevos anuncios relacionados con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Según informó la Cancillería, las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum comunicaron avances vinculados con la denominada “Decisión Final de Inversión”.

A partir de esos anuncios, el Gobierno argentino informó que convocó a los embajadores del Reino Unido e Israel para entregarles notas formales de protesta.

El frente petrolero

El proyecto Sea Lion constituye uno de los principales puntos de tensión económica dentro de la disputa. La Cancillería argentina cuestionó las licencias y otras actuaciones relacionadas con la iniciativa, además de los mecanismos utilizados para convocar proveedores y promover nuevas actividades comerciales.

Desde la perspectiva argentina, esas actividades quedan alcanzadas por la legislación nacional sobre exploración y explotación de hidrocarburos en áreas que el país considera bajo su jurisdicción.

En ese marco, el Gobierno también informó que ya había enviado cerca de 180 comunicaciones de advertencia y asunción de riesgos a personas y empresas ubicadas en 30 países. Según la Cancillería, se iniciaron además 60 procedimientos administrativos y tres denuncias penales que involucran a diez compañías y sus directivos.

Esos datos corresponden a actuaciones comunicadas oficialmente por el Gobierno argentino y forman parte de su estrategia para desalentar la participación empresarial en actividades que considera no autorizadas.

El nuevo marco de control argentino

La respuesta diplomática se produjo pocos días después de la entrada en vigencia del Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre en el Boletín Oficial.

La norma designó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y su modificatoria, vinculada con actividades hidrocarburíferas en áreas alcanzadas por la legislación argentina. También instruyó a organismos de la Administración Pública Nacional a informar hechos que pudieran configurar conductas comprendidas por esa normativa.

El decreto forma parte del conjunto de instrumentos mediante los cuales el Gobierno busca reforzar los mecanismos administrativos frente a empresas o personas que participen en determinadas actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.

Qué dice la guía británica

La posición de Londres es sustancialmente diferente.

En su documento del 15 de septiembre, el Gobierno del Reino Unido afirma que las Falkland Islands son un territorio británico de ultramar y sostiene que las autoridades locales tienen competencia para regular la actividad económica desarrollada en las islas. También respalda expresamente el desarrollo de recursos naturales, incluidos los hidrocarburos.

El documento británico sostiene además que la legislación argentina no se aplica dentro de las islas y que Argentina no tiene jurisdicción sobre las compañías o individuos que desarrollen actividades comerciales allí. El Gobierno británico recomienda a quienes reciban comunicaciones o amenazas de acciones legales obtener asesoramiento jurídico independiente.

De esta manera, la guía funciona también como una declaración oficial de la posición británica frente a las medidas impulsadas por Argentina.

Un conflicto que vuelve a combinar soberanía y recursos

El nuevo episodio muestra cómo la disputa por Malvinas se vincula cada vez más con cuestiones económicas concretas. La explotación de hidrocarburos, el suministro de bienes y servicios y la participación de empresas internacionales se convirtieron en parte del escenario en el que ambos países mantienen posiciones diferentes.

Argentina sostiene que las actividades desarrolladas en las áreas en disputa requieren autorización conforme a su legislación y cuestiona las iniciativas británicas por considerar que modifican unilateralmente la situación existente. El Reino Unido, en cambio, afirma que las autoridades de las islas tienen competencia sobre su economía y que sus habitantes pueden desarrollar los recursos naturales del territorio.

La vía diplomática permanece abierta

Pese al endurecimiento de las medidas argentinas, la Cancillería señaló que el país mantiene su disposición a retomar un diálogo con el Reino Unido para abordar la disputa de soberanía. El Gobierno argentino vinculó esa posición con las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas que promueven una solución negociada de la cuestión Malvinas.

Por ahora, el conflicto suma un nuevo capítulo en el que se cruzan diplomacia, legislación, actividad empresarial y explotación de recursos naturales. La evolución del proyecto Sea Lion y las actuaciones administrativas y judiciales anunciadas por Argentina serán algunos de los elementos que marcarán la continuidad de esta disputa.