Política
Malvinas: el Gobierno acelera las sanciones a petroleras y refuerza su estrategia sobre el Atlántico Sur
El Gobierno nacional puso en marcha una nueva etapa de su política sobre las Islas Malvinas con una batería de medidas destinadas a aumentar la presión sobre las empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en el área bajo disputa de soberanía.
La decisión fue anunciada por el presidente Javier Milei durante una cadena nacional y comenzó a tomar forma jurídica con el Decreto 868/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. El nuevo esquema busca reducir los tiempos administrativos para investigar y eventualmente sancionar a compañías que desarrollen actividades prohibidas por la legislación argentina.
El cambio no se limita a las empresas que realizan directamente tareas de exploración o explotación. El Gobierno pretende alcanzar también a quienes tengan participación societaria o presten servicios vinculados con esos proyectos.
Un procedimiento más rápido
Uno de los principales cambios establecidos por el decreto es la modificación del circuito mediante el cual el Estado puede investigar posibles incumplimientos de la Ley 26.659.
A partir de ahora, los organismos de la Administración Pública Nacional deberán comunicar a la autoridad competente cualquier hecho que pueda encuadrar dentro de las actividades prohibidas por la normativa. El plazo establecido para informar esas situaciones es de cinco días hábiles.
Una vez iniciado el procedimiento, la empresa involucrada tendrá diez días hábiles para presentar su descargo y ofrecer pruebas. Luego, la autoridad de aplicación deberá resolver sobre el archivo de las actuaciones o la aplicación de las sanciones correspondientes.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto quedó designado como autoridad de aplicación de la Ley 26.659. La decisión apunta a integrar la dimensión administrativa de las sanciones con la estrategia diplomática que lleva adelante la Argentina en torno al reclamo de soberanía.
El foco sobre la actividad petrolera
La preocupación central del Gobierno está relacionada con el avance de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos alrededor de las islas.
Durante su mensaje, Milei mencionó específicamente al proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, y sostuvo que su eventual puesta en producción representa un escenario que la Argentina busca impedir mediante herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y administrativas.
El Ejecutivo considera que la explotación de recursos naturales en esos espacios constituye una acción unilateral mientras continúa pendiente la disputa de soberanía. Esa posición se encuentra incorporada en los fundamentos del Decreto 868/2026, que también invoca la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Una señal para las futuras inversiones
La nueva normativa también introduce cambios relacionados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Las empresas que soliciten incorporarse al régimen deberán presentar una declaración jurada mediante la cual acrediten que cumplen y continuarán cumpliendo las disposiciones de la Ley 26.659. La exigencia alcanza también a personas o sociedades que tengan participación directa o indirecta en los proyectos.
El Gobierno busca así evitar que una compañía pueda recibir beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios en la Argentina mientras participa simultáneamente de actividades hidrocarburíferas que el Estado argentino considera ilegales en el marco de la disputa por Malvinas.
Defensa y presencia en el extremo sur
La estrategia anunciada por Milei incluye además una dimensión vinculada con la defensa.
El Presidente anticipó la ampliación de recursos para avanzar en la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y fortalecer las capacidades de telecomunicaciones. Según explicó, el objetivo es mejorar la presencia argentina en el Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida.
En paralelo, el Ejecutivo anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley destinado a ampliar las herramientas disponibles frente a actividades que considere contrarias a los intereses soberanos del país.
La iniciativa también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, con participación de áreas como Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. La intención oficial es establecer una política transversal de seguridad que incluya la protección de infraestructura crítica y capacidades marítimas y aeroespaciales.
Una disputa que suma una dimensión energética
Con estas medidas, el Gobierno busca que la cuestión Malvinas deje de estar circunscripta exclusivamente al reclamo diplomático y pase a incorporar instrumentos económicos, regulatorios y estratégicos.
La legislación vigente ya contempla sanciones para quienes participen en determinadas actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina, incluyendo multas e inhabilitaciones. El nuevo decreto procura que los mecanismos administrativos sean más rápidos y coordinados.
El desafío para la administración Milei será ahora transformar los anuncios en acciones concretas y sostener la estrategia en distintos ámbitos: desde la diplomacia y los organismos internacionales hasta los controles sobre empresas que tengan actividad o intereses económicos en la Argentina.
El Gobierno presenta esta política como parte de una estrategia de largo plazo para reforzar la posición argentina en el Atlántico Sur. En ese esquema, Malvinas aparece vinculada no sólo con el reclamo territorial, sino también con el acceso a recursos energéticos, la seguridad y la proyección geopolítica del país.
