AySA: la licitación por el control de la empresa ingresó en una etapa decisiva

La apertura de las propuestas económicas del 8 de octubre expuso los montos ofrecidos por los dos consorcios que avanzaron en el procedimiento. La operación contempla la transferencia del 90% de las acciones estatales y un programa de inversiones para los próximos cinco años.

La selección del futuro operador de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) sumó una nueva instancia el 8 de octubre de 2026, cuando el Ministerio de Economía dio a conocer las propuestas económicas presentadas en la licitación destinada a transferir al sector privado la participación mayoritaria del Estado nacional en la compañía.

Según el comunicado oficial, el consorcio conformado por Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participações, PHX Aqua AR B.V. y Transclor S.A. presentó una oferta de US$ 340,2 millones. El segundo grupo participante, integrado por Roggio Roas S.A.U. y otras sociedades, propuso US$ 285 millones.

La diferencia entre ambas propuestas fue de US$ 55,2 millones. Los montos corresponden a las ofertas presentadas durante el procedimiento y no deben confundirse con ingresos efectivamente percibidos por el Estado ni con una valoración definitiva de la empresa.

La licitación, identificada como 504/2-0003-LPU26, constituye el mecanismo elegido para seleccionar al operador estratégico. La operación comprende el 90% del capital accionario que pertenece al Estado nacional, mientras que el 10% restante corresponde a los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.

Las obligaciones previstas para el servicio

Además del precio ofrecido por las acciones, el proceso incorpora compromisos vinculados con el funcionamiento y la expansión de los servicios de agua potable y saneamiento.

El Ministerio de Economía informó que el contrato establece un Plan de Acción para el período 2027-2031 por $2,89 billones, expresados a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. El programa contempla partidas para obras, mantenimiento, mejoras operativas y funcionamiento de los sistemas.

La distribución anunciada incluye aproximadamente $1,13 billones destinados a obras y $1,15 billones para mantenimiento. Otros $315.761 millones corresponden a mejoras y $296.166 millones a la operación.

Estas cifras describen las obligaciones previstas en el esquema contractual informado por el Gobierno. Su ejecución efectiva deberá evaluarse a partir de las obras realizadas, los desembolsos correspondientes y los mecanismos de seguimiento establecidos.

Cobertura de agua potable y cloacas

La planificación oficial también incorpora objetivos para ampliar el alcance de las redes. Entre las metas difundidas figuran niveles de cobertura para 2031 del 75,3% en agua potable y del 63,9% en desagües cloacales. Para el cierre del período inicial de concesión se establecen objetivos mínimos del 90% y el 75%, respectivamente.

El alcance de estas metas dependerá de la implementación del plan de obras y de las condiciones técnicas y contractuales aplicables. Por eso, la evolución de la cobertura, la continuidad del suministro y la calidad del servicio serán variables relevantes para evaluar los resultados del nuevo esquema.

La ampliación de redes no constituye el único desafío operativo. La conservación de instalaciones existentes, la reducción de pérdidas y la atención de la demanda también forman parte de los aspectos que inciden en la prestación cotidiana.

Qué debe observarse durante la implementación

La modificación del modelo de gestión abre una etapa en la que será necesario seguir tanto los aspectos económicos de la transacción como sus consecuencias para los usuarios.

Entre los puntos verificables se encuentran la formalización de la adjudicación, el cumplimiento de las inversiones previstas, la evolución de las obras, las metas de cobertura y la aplicación de los mecanismos de control y regulación.

El precio ofertado, por sí solo, no permite anticipar cómo evolucionarán las tarifas, la calidad del servicio ni el ritmo de expansión de las redes. Esos resultados dependerán de las condiciones de la concesión, las decisiones regulatorias y el desempeño efectivo del operador.

La documentación del procedimiento y las comunicaciones oficiales serán referencias centrales para seguir las próximas etapas. La comparación entre los compromisos asumidos y los resultados observados permitirá determinar cómo se desarrolla la transición y qué efectos produce sobre el sistema de agua potable y saneamiento.