La Provincia volvió a reclamar por el federalismo y cuestionó el avance de Nación sobre las competencias laborales

Buenos Aires y otras cinco provincias plantearon reparos sobre el rol del Gobierno nacional en materia de inspección laboral y pidieron recuperar el funcionamiento regular del Consejo Federal del Trabajo.

La disputa entre Nación y las provincias por las competencias en materia laboral volvió a quedar expuesta en el Consejo Federal del Trabajo (CFT). Durante el cierre de la 127° edición del organismo, Buenos Aires, junto con otras cinco jurisdicciones, presentó un documento en el que reclamó preservar las facultades provinciales y fortalecer los mecanismos de coordinación federal.

El pronunciamiento fue respaldado por La Pampa, La Rioja, Misiones, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas Malvinas. Las seis provincias coincidieron en cuestionar el actual esquema de funcionamiento del CFT y reclamaron que el organismo vuelva a tener reuniones presenciales y periódicas, tal como establece la normativa vigente.

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, volvió a plantear la necesidad de garantizar el respeto por las autonomías provinciales y sostuvo el reclamo que la Provincia viene llevando adelante frente a las modificaciones impulsadas desde el Gobierno nacional.

Reclamo por el funcionamiento del Consejo Federal del Trabajo

Uno de los principales puntos de la declaración fue la necesidad de recuperar el papel del CFT como ámbito de discusión y coordinación entre las distintas administraciones laborales del país.

Las provincias advirtieron que las convocatorias al organismo no deberían quedar reducidas a instancias protocolares. En cambio, reclamaron que tanto el Consejo como sus comisiones funcionen de manera presencial y con la periodicidad prevista en la Ley 25.212.

Para las jurisdicciones firmantes, el funcionamiento efectivo del organismo resulta clave para sostener una política laboral coordinada y garantizar la participación de las autoridades provinciales en las decisiones que afectan sus competencias.

El cuestionamiento a la Ley 27.802

La declaración también apuntó contra la Ley 27.802 y su impacto sobre las facultades de las provincias en materia de policía laboral.

Según plantearon los gobiernos provinciales, la normativa supone una intromisión sobre atribuciones que permanecen bajo jurisdicción provincial. A ese cuestionamiento sumaron su preocupación por lo que definieron como un progresivo debilitamiento del Consejo Federal del Trabajo.

El reclamo ya fue trasladado al ámbito internacional. Las provincias señalaron que la situación forma parte de una presentación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y reclamaron que el Gobierno nacional cumpla con las observaciones realizadas por el organismo.

En particular, solicitaron garantizar mecanismos de diálogo social efectivos y que cualquier modificación de la legislación laboral sea discutida con las organizaciones representativas de trabajadores y empleadores.

También pidieron revisar el sistema de inspecciones

Otro de los ejes planteados fue el funcionamiento de la inspección laboral en el territorio nacional. Las provincias reclamaron una evaluación integral que permita determinar con qué cantidad de inspectores cuenta el sistema, cómo están distribuidos y cuáles son los recursos disponibles.

A su vez, propusieron profundizar la coordinación entre Nación y las administraciones provinciales para fortalecer las tareas de fiscalización.

Con el documento presentado en el cierre del CFT, Buenos Aires y las demás provincias firmantes volvieron a poner el federalismo en el centro de la discusión laboral. El planteo apunta a preservar las competencias propias de cada jurisdicción y a recuperar un ámbito institucional que, según advierten, debería tener un papel central en la definición y coordinación de las políticas laborales del país.