Argentina activa un procedimiento de arbitraje por las actividades hidrocarburíferas en el área de Malvinas

El Gobierno informó que instruyó a la Cancillería y a sus equipos jurídicos para iniciar el mecanismo previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La medida está relacionada con el proyecto hidrocarburífero Sea Lion y con otras actividades que Argentina cuestiona en el área en disputa.

El Gobierno argentino informó el 28 de septiembre que decidió avanzar con un procedimiento de arbitraje internacional relacionado con actividades hidrocarburíferas en el área de las Islas Malvinas.

La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente, que señaló que Javier Milei instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores y a los equipos jurídicos del Estado para iniciar el procedimiento contemplado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Según el comunicado oficial argentino, la iniciativa tiene como uno de sus objetivos impedir la explotación de hidrocarburos en la denominada Cuenca Malvinas Norte, en particular mediante el proyecto conocido como Sea Lion. El Gobierno también señaló que busca cuestionar nuevas medidas relacionadas con el otorgamiento de permisos para la explotación de recursos naturales en el área que Argentina considera parte de su plataforma continental.

El mecanismo previsto por la Convención

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar contempla diferentes procedimientos para resolver determinadas controversias entre Estados. Entre ellos se encuentra el arbitraje establecido en su Anexo VII.

La legislación argentina que aprobó la Convención establece que, bajo las condiciones previstas por el tratado, una controversia puede ser sometida a un tribunal arbitral constituido conforme a ese anexo. El propio Anexo VII dispone que el procedimiento puede iniciarse mediante una notificación escrita dirigida a la otra parte, acompañada por una exposición de las pretensiones y sus fundamentos.

La utilización de este mecanismo constituye, por lo tanto, un paso dentro de un procedimiento internacional y no supone por sí misma una resolución sobre el fondo de la disputa ni una decisión definitiva respecto de las actividades hidrocarburíferas cuestionadas.

El antecedente de las licencias hidrocarburíferas

La decisión comunicada por el Gobierno se produce después de nuevas acciones diplomáticas argentinas relacionadas con las actividades hidrocarburíferas en la zona.

El 22 de septiembre, la Cancillería informó que había presentado una nota formal de protesta ante el Reino Unido por el anuncio de una extensión de licencias de producción de hidrocarburos offshore y por la participación de Navitas Petroleum Atlantic Limited en una licencia denominada PL001.

En esa comunicación, el Gobierno argentino sostuvo que las actividades unilaterales sobre recursos naturales en el área alcanzada por la disputa de soberanía resultan incompatibles con la posición argentina y citó, entre otros antecedentes, la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La Cancillería también había señalado previamente que el proyecto Sea Lion, impulsado por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, constituía uno de los principales puntos de preocupación del Gobierno argentino en materia de explotación hidrocarburífera en la zona.

Qué plantea Argentina y qué queda pendiente

De acuerdo con el comunicado del 28 de septiembre, Argentina realizó además un requerimiento al Reino Unido relacionado con las actividades hidrocarburíferas cuestionadas. El Gobierno argentino indicó que, si ese requerimiento no fuera atendido dentro del plazo establecido, solicitaría al Tribunal Internacional del Derecho del Mar la adopción de medidas provisionales destinadas a preservar los derechos que Argentina sostiene sobre su plataforma continental.

Esta eventual presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar constituye una instancia posterior anunciada por el Gobierno y, por lo tanto, no debe presentarse como una medida ya adoptada.

Del mismo modo, el arbitraje anunciado se encuentra sujeto al desarrollo de las distintas etapas previstas por el mecanismo internacional correspondiente. El inicio del procedimiento no implica anticipar cuál será su resultado.

Un conflicto que continúa por la vía diplomática y jurídica

La cuestión de las Islas Malvinas continúa siendo objeto de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. En paralelo con las acciones anunciadas en septiembre, el Gobierno argentino mantiene su reclamo diplomático y sostiene que las actividades sobre recursos naturales en el área no deberían introducir modificaciones unilaterales mientras permanezca pendiente la solución de la controversia.

En este contexto, la decisión anunciada el 28 de septiembre incorpora una nueva instancia jurídica internacional a las medidas que Argentina viene desarrollando en relación con las actividades hidrocarburíferas.

Por ahora, los próximos pasos dependerán de la evolución del procedimiento iniciado y de las actuaciones que correspondan conforme a las normas internacionales aplicables.